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Tigre aprobó el estudio de Nordelta: qué debe cumplir

Verónica Zamora firmó una aprobación condicionada. Silvia Soto y otros participantes habían reclamado más información. La empresa debe acreditar medidas y el Municipio, hacer verificable su control.

Fecha de los hechos. Audiencia del 21 de agosto y resolución del 26 de octubre de 2026

Collage conceptual de humedales, urbanización y documentos abiertos a consulta.
Ilustración editorial original de LOCALES, asistida por IA. Composición conceptual; no representa una escena ni un documento real.

El gobierno de Julio Zamora aprobó los postulados del estudio de impacto ambiental acumulativo de Nordelta, su plan de gestión y los compromisos presentados por la empresa. La resolución 2891, fechada el 26 de octubre y firmada por la secretaria de Gobierno Verónica Gabriela Zamora, condiciona esa aprobación al cumplimiento del informe técnico. Para quienes participaron de la consulta, la discusión pasa ahora por cómo comprobar esas obligaciones.

En la audiencia del 21 de agosto hubo objeciones a la información disponible y a las condiciones de participación. En declaraciones recogidas por InfoBenavídez, Silvia Soto cuestionó el tiempo asignado a las intervenciones vecinales frente al de los expositores del proyecto. Es una crítica de una participante al procedimiento; no representa por sí sola a todos los residentes ni demuestra que sus observaciones hayan sido aceptadas.

Lo que se pidió y lo que respondió Tigre

El informe municipal de participación registra pedidos de Soto, Lucas Alberto Sánchez y Marta Romero para acceder, entre otros elementos, al contrato de asistencia técnica, análisis de agua e información territorial. La respuesta oficial sostuvo que las condiciones económicas del contrato quedaban fuera del objeto específico de la consulta. También indicó dónde se encontraban los protocolos de agua y defendió la disponibilidad de la documentación durante el proceso.

Ese registro contiene posiciones diferentes: además de cuestionamientos, consigna presentaciones favorables al estudio. La aprobación administrativa no acredita una unanimidad vecinal. El informe tampoco convierte en hechos comprobados todas las afirmaciones realizadas por los participantes. El desacuerdo concreto es qué información necesita la comunidad para controlar una transformación que ya afecta al territorio.

Las obligaciones necesitan prueba de cumplimiento

El anexo técnico prevé una plataforma pública de información ambiental en funcionamiento para el segundo trimestre de 2027 y exige documentar una mesa con Punta Querandí sobre patrimonio cultural. La resolución mantiene otras obligaciones municipales y provinciales. Estos requisitos permiten seguir compromisos concretos, pero el documento no prueba que ya se hayan cumplido.

La responsabilidad de la gestión de Zamora continúa después de la firma. Publicar constancias, responsables y avances permitiría a los vecinos comparar lo prometido con lo ejecutado. LOCALES verificó la resolución y sus condiciones; no realizó una auditoría ambiental ni comprobó obras o monitoreos en el terreno. El próximo paso es seguir esas constancias y las respuestas que reciban quienes pidieron información.

Cronología documentada: 21 ago. 2026: Audiencia pública; 21 sep. 2026: Informe de participación; 26 oct. 2026: Resolución 2891
Elaboración de LOCALES a partir de las fuentes citadas. Las etapas previstas no acreditan ejecución.

Fuentes